Juan Manuel Olarieta
http://movimientopoliticoderesistencia.blogspot.com.es/
En mayo de 2012 se
destapó una red de espionaje, el caso Pitiusa, que manejaba un ingente volumen
de información sobre los ciudadanos de este país. Policía, Guardia Civil,
Ejército, Servicios Secretos y empresas privadas aparecen confabulados en una
trama, la mayor conocida hasta la fecha, que no va dirigida contra ningún país
extranjero, ni tiene tampoco objetivos militares.
La conexión del CNI
con este entramado es obvia. El imputado clave de la trama es Matías
Bevilacqua-Brechbuhler, que trabaja para el CNI, según ha confirmado a la
policía el propio servicio de espionaje. De origen argentino, Bevilacqua empezó
su carrera como pirata informático y en Barcelona organizó la empresa CF Labs
por cuenta del CNI. Fue director técnico de la plataforma esCERT, encargada de
coordinar el Proyecto Europeo EISPP, financiado con fondos comunitarios.
CFLabs participa en
el Laboratorio de Protección Cibernética de Infraestructuras Críticas, una de
las empresas adjudicatarias del Centro Nacional de Excelencia de
Ciberseguridad. No es más que una subcontrata del Ministerio del Interior. La
Comisión Europea adjudicó el proyecto a dicho Ministerio, al Instituto de
Ciencias Forenses y de la Seguridad (ICFS) y a varias empresas privadas
asociadas al mismo.
El Centro Nacional
de CiberSeguridad es el primer centro de espionaje informático español creado
tras el Programa de Infraestructuras Críticas (PEPIC) aprobado por la Unión
Europea con el objetivo de ”proteger la seguridad nacional del ciberterrorismo
y el espionaje industrial”, una necesidad creciente como consecuencia de la
rivalidad entre las grandes potencias imperialistas y entre las grandes
multinacionales. Tiene su sede en el campus de la Universidad Autónoma de
Madrid donde reside el ICFS y está dotado con una subvención de más de 700.000
euros concedidos por la Comisión Europea.
Durante su detención
a Bevilacqua le fueron intervenidos 140.000 euros en metálico, que justificó a
la policía diciendo que era el pago de unos trabajos realizados para el CNI, si
bien la policía maquilló su declaración, reemplazando las siglas del espionaje
por “Defensa”. Su caso es parecido al de Hellín, otro asesor de los aparatos
represivos del Estado. Impartía numerosos cursos de formación a jueces,
fiscales y miembros de la policía y la guardia civil.
Bevilacqua fue quien
capturó los correos electrónicos de Urdangarin, que fueron luego difundidos por
Diego Torres, su antiguo socio en Noos. El abogado de Urdangarin pagó 7.000
euros a CF Labs para recuperar los correos electrónicos del disco duro de la agencia
que llevaba las cuentas del Instituto Noos.
El pirata era
omnipresente. También trabajaba para dos de los detectives implicados en la
trama Pitiusa, Sara Dionisio y Juan Manuel Olivera. Este último era propietario
de Vertex, la empresa que espió a Ignacio López del Hierro, marido de María
Dolores de Cospedal. Ambos habían coincidido en la empresa Cybex con Bevilacqua
antes de que éste fundara CF Labs.
El administrador de
Cybex es el detective Juan de la Torre, de la agencia Intelligence Bureau y en
ella trabajaba también Sergio Córcoles, policía local de Santa Maria de
Palautordera, que era propietario de un apartamento en un complejo de cala
Portinatx, en la costa ibicenca. Nadie se preocupó nunca por la fuente de
ingresos de aquel modesto policía municipal que disfrutaba de tan lujoso
chalet.
Tradicionalmente
Baleares ha sido el núcleo de operaciones de espionaje. En este caso el jefe
del CNI en las islas ha tenido que prestar declaración en la causa.
El CNI puso a
Bevilacqua a trabajar para el gobierno de Chávez en materia de seguridad
informática, aunque la prensa escribió la noticia al revés: "El imputado
Matías Bevilacqua ha asesorado en materia de seguridad informática al Gobierno
de Hugo Chávez", titulaba el ABC el 31 de julio del pasado año.
Las multinacionales
son uno de los nichos de información y de negocio del espionaje moderno.
Yolanda Menal, directora de recursos humanos de la multinacional Unilever en
España, ordenó a Bevilacqua espiar tanto a proveedores como a empresas de la
competencia. Pero además controló el correo electrónico de sus propios
subordinados sin que se enterasen para afianzar su propio poder y utilizaba los
datos para despedir a los trabajadores. En otras ocasiones Unilever los
utilizaba para el chantaje. A través de las conversaciones telefónicas
intervenidas se demuestra que ofrecían a los trabajadores permisos retribuidos
como salida menos mala y, ante notario, le revisan su ordenador para dar así
cobertura legal a las informaciones que habían extraído previamente del
ordenador de forma ilegal.
Con el mismo fin de
represión laboral, la multinacional Du Pont también intervino los ordenadores
de tres trabajadores a los que quería despedir. Quien encargó las
investigaciones en esta ocasión fue el director del gabinete jurídico, José
Luis Badia, que tiene su despacho en Ginebra. El volumen de datos incautados en
los discos duros de los correos alcanza los 13 gigas de documentación. Los
informes que obran en el sumario son contundentes: los pinchazos de los correos
electrónicos de los empleados se realizan para “motivar los despidos” ante los
tribunales.
Bevilacqua también
pinchó el ordenador del consejero delegado de Minas de Río Tinto, Carlos
Estévez, por encargo de la competencia: “Pinchamos en Outlook, lo conectamos
vía Imap, hacemos una réplica en local, podemos probar a descargarlo desde el
despacho y, si funciona, ya no tenemos que hacer nada más”.
También fue citado a
la comisaría de policía Eduardo Garriga, el antiguo director gerente de la
compañía de seguros Mutua Universal.
En una de las
conversaciones telefónicas grabadas por la policía al detective Aitor Gómez y a
un tal Tino, un guardia civil le dice al detective: "Si vienen los del
centro [CNI] es para dar cobertura al informante, no para organizar ellos nada
[...] Es simplemente de protección, porque no se fían de la Guardia Civil, que
es lo que me dijiste".
Lo bueno de montar
estos tinglados, además de financiar el CNI, es que cuando se destapa presentan
el asunto como si algún desaprensivo estuviera comerciando con datos privados
para su provecho particular. Así es como presentaron el año pasado a la trama
Método3 que espiaba a los futbolistas del Barcelona. En el caso Pitiusa son
nada menos que 80 las agencias de detectives implicadas.
Ningún particular ni
red privada es capaz de organizar algo así. El caso Pitiusa es la trama de criminal
más importante organizada en Europa desde los tiempos de los GAL. Sólo Gladio
es comparable. Han sido capaces de infiltrarse en el Inem, Hacienda, juzgados o
policía y han accedido a todo tipo de información sobre cualquier persona que
vive en este país. Contaban con tan buenos informantes que incluso algún soplón
les alertó en diciembre de 2011 de que la policía estaba tras sus pasos.
Además del CNI
formaban parte de su trama de colaboradores una red de funcionarios que se
extendía por Hacienda, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el INEM, el
catastro, la Seguridad Social, Sanidad, Hacienda vasca, Tráfico, Registro de la
Propiedad, juzgados, entidades bancarias, compañías eléctricas, empresas de
alquiler de coches, agencias de viaje, compañías aéreas, Movistar, Orange, e
incluso estaban a punto de conseguir un infiltrado en Visa y otros monopolios
similares.
Para entender este
tipo de entramados hay que entender que en su nuevo estatuto de personal el CNI
está captando a sus espías entre directivos de multinacionales españolas y
extranjeras. Para financiarse el CNI, vendía luego los datos a los bancos,
preocupados por la solvencia de sus clientes, devoradores de un listado de
nombres, teléfonos e historias laborales que crecía mes a mes.
Aunque el sumario
tiene ya 60 tomos, no hay ningún cálculo sobre el volumen de datos e informes
con los que ha traficado esta red a lo largo de los años que llevaba operando.
Tampoco constan las personas que han sido espiadas. No se ha cuantificado la
magnitud del delito, ni en dinero, ni los datos robados, ni las personas
afectadas. La desconfianza hace pensar en la capacidad de la red para poder
robar datos médicos y vendérselos a empresas aseguradoras, o a los mismos
bancos en cuyas hipotecas incluyen seguros de vida.
Desde sus inicios el
número de imputados ha pasado de los 70 iniciales a los 183 actuales. La
progresión geométrica con la que aumenta indica que se trata solo de la punta
del iceberg.
En la oficina del
Inem de Badalona los funcionarios no solo atendían a los trabajadores que
buscaban empleo, sino que también horneaban galletas, preparaban empanadillas,
fabricaban camisetas y hacían fotocopias. Con esas palabras en clave se
entendían los funcionarios de la oficina y Francisco García Pérez, "Paco
El Conseguidor", funcionario jubilado que había trabajado en ella y seguía
ejerciendo como intermediario de la red. En el sumario consta que una pareja de
informadores, Ana Xicola y Eduard Ferrer Torres, pasaban cada mes "hasta
2.500 y 3.000 consultas" a Paco.
En la trama se han
visto implicados todos los cuerpos del Estado (agentes judiciales, policía
nacional, guardia civil, militares), todos ellos encabezados por los únicos que
tienen patente de corso: los chicos del CNI. Las ramificaciones del caso
salpican a ministerios como los de Trabajo e Interior, al CNI y un sin fin de
jueces, militares y policías.
Ninguno de los 183
implicados está en prisión.
El artículo puede descargarse en PDF aquí:
A la vista de lo que se presenta en este artículo podemos concluir que desde el progresismo hay que persistir en la "defensa de lo público". Sin duda necesitamos más funcionarios, muchos más, estamos a la cola en Europa en lo que a funcionarios se refiere.
ResponderEliminarQue a nadie se le ocurra decir que los funcionarios trabajan para un Estado burgués y represor en la defensa de interses particulares. Que a nadie se le ocurra afirmar que lo público, lo estatal, no es sinónimo de socialista. Que a nadie se le ocurra decir que no todos los estados son iguales. Que a nadie se le ocurra porque será tachado de reaccionario por buena parte de la pequeña burguesía y la aristocracia obrera que viven, y muy bien, a golpe de BOE.
Lo que todo progresista debe promocionar y defender a este estado, todo progresista debe hacer de sus hijos unos buenos lacayos del régimen, abogados del estado por lo menos.
Todos somos espiados, pero las consecuencias para cada uno son muy diferentes. Y por supuesto, que nadie ataque a "lo público" o a los funcionarios... aunque estos sean militares o policía, porque todos sabemos que están ahí para servirnos.(fritos en el plato de).
ResponderEliminarSaludos.
Al parecer están en el ajo un buen número de chupatintas, efectivamente servidores públicos les llaman. Ya ni siquiera se puede ir tranquilo a fichar la cartilla del paro.
ResponderEliminarEntiendo que defiendan sus lentejas, pero no pueden exigir que, encima, vayamos nosotros a defenderlas también a la vista de sus funciones.
Saludos.