Un artículo de Michael HudsonLo que realmente está causando el estrangulamiento financiero y fiscal, huelga decirlo, es el hecho de que la financiación pública resulta ahora necesaria para compensar al sector financiero de las pérdidas que tendrá año tras año, a medida que los préstamos entren en mora en unas economías sobreendeudadas que se hunden más y más en el mar de la quiebra técnica de los deudores.
Cuando los políticos permiten que el sector financiero lleve la voz cantante, la preferencia natural de éste es convertir a la economía en un saquito de todo a cien. Y muchas veces, los políticos se ponen en cabeza. Eso es lo que significan las palabras “desahucio”, “penalización” o “liquidación”, de la mano siempre de “dinero razonable”, “confianza empresarial” y las consecuencias usuales: “deflación por deuda” y “servidumbre por deuda”.
Alguien tiene que acabar perdiendo en el asunto de los malos préstamos, y lo que los banqueros quieren es que sea la economía la que cargue con las pérdidas, a fin de “salvar el sistema financiero”. Desde el punto de vista del sector financiero, la economía ha de gestionarse para mantener la liquidez bancaria, y no el sistema financiero para servir a la economía. El gasto social del gobierno (el gasto en cualquier cosa que no sean rescates bancarios y subsidios financieros), así como el ingreso personal disponible, han de ser drásticamente recortados para evitar que se deprecie el gasto de deuda. El flujo de caja de las empresas ha de servir para pagar a los acreedores, no para emplear a más trabajadores y para hacer inversiones de capital a largo plazo.
La economía ha de ser sacrificada para subsidiar la fantasía según la cual las deudas pueden ser devueltas con sólo que los bancos puedan reponerse “por entero” y comenzar a prestar de nuevo (es decir, volver a hundir a la economía en deudas todavía mayores, causando una deflación por deuda aún más grave).
Esto no es la tradicional guerra de clases del siglo XIX, empresarios industriales contra trabajadores, aunque eso es también parte de lo que está pasando ahora. Es sobre todo una guerra del sector financiero contra la economía “real”: contra los empresarios industriales y contra los trabajadores.
La realidad subyacente es, en efecto, que las pensiones no pueden pagarse, o al menos, que no pueden pagarse con ganancias financieras. En los últimos 50 años, las economías occidentales han fantaseado con la idea de pagar a los jubilados a partir de ganancias puramente financieras (D-D’, como dirían los marxistas), no a partir de una economía en expansión (D-M-D’, utilizando trabajo para producir más mercancías). El mito era que las finanzas tomarían la forma de activos productivos, capaces de incrementar la formación de capital y la contratación laboral. La realidad es que la forma que toman las finanzas es la de las deudas (y las apuestas). Sus ganancias se hacían, por consiguiente, a costa del conjunto de la economía: eran extractivas, no productivas. La riqueza en la cúspide rentista encogía la base de la pirámide. Así pues, alguien tiene que dar. La cuestión es: ¿qué forma tomará ese “dar”? ¿Y quién será el que dé, y quiénes los receptores?
El gobierno griego no se ha mostrado dispuesto a hacer que los ricos paguen impuestos. Así que los trabajadores tienen que llenar el hiato fiscal, permitiendo a su gobierno socialista que recorte las pensiones, la asistencia sanitaria, la educación y otros gastos sociales: todo para rescatar al sector financiero de un crecimiento exponencial de deuda insatisfecha, rescate que resulta imposible de realizar en la práctica. La economía es sacrificada en el altar de un sueño imposible.
Sin embargo, en vez de centrarse en el problema de un crecimiento exponencial del volumen de títulos bancarios de deuda que no se puede pagar, los lobistas bancarios –y los políticos del G20, cuyas campañas electorales dependen de sus fondos— lo que hacen es promover el mito de que el problema es demográfico: una población envejecida abatida sobre la Seguridad Social y los fondos públicos de pensiones. Y se dice a los políticos que lo que tienen que hacer es servirse de su poder y recaudar impuestos y crear crédito, pero no para pagar pensiones y asistencia social, sino para rescatar a un sector financiero abrumado por la acumulación títulos de deuda crecientemente insatisfecha.
Letonia ha sido presentada como el niño modelo de lo que la UE recomienda a Grecia y a otros países meridionales de la UE en dificultades: los recortes drásticos del gasto público en educación y sanidad han reducido los salarios del sector público en un 30%, y siguen cayendo todavía. Los precios de la propiedad de la vivienda han caído un 70%, y los propietarios y sus familiares cofirmantes de las hipotecas han entrado en quiebra técnica [deben más al banco de lo que ahora valen sus viviendas; T.], hundiéndose en una vida de servidumbre por deuda si no toman sus bártulos y emigran del país. [1]
La extravagante pretensión de esos recortes en el presupuesto público para enfrentarse al declive económico pos-burbuja es que eso restaurará la “confianza”. Es como si la autodestrucción fiscal pudiera inspirar confianza, y no, como es el caso, empujar a los inversores a huir del euro. La lógica parece la de la vieja guerra de clases, haciendo retroceder las agujas del reloj a la filosofía de dura disciplina fiscal de una época que se creía superada: hacer retroceder la seguridad social, las pensiones públicas, el gasto público en educación y otras necesidades sociales básicas, y sobre todo, incrementar el desempleo para empujar a los salarios a la baja. Algo que hizo explícito el Banco Central de Letonia –tenido por “modélico en punto a retraer la economía por los banqueros centrales de la UE—.
Es una lógica autodestructiva. Exacerbar el declive económico reducirá la recaudación fiscal, empeorando aún más los déficits presupuestarios en una catastrófica espiral bajista. La experiencia de Letonia muestra que la respuesta a la retracción económica es la emigración del trabajo calificado y la fuga de capitales. Lo cierto es que la política europea de retracción económica planificada choca frontalmente con el primer axioma de los libros de texto de política económica, y es a saber: que los votantes actúan conforme al propio interés y que las economías prefieren crecer, no destruirse a sí propias. Hoy, las democracias europeas –y hasta los partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas— concurren al poder con una plataforma programática en materia fiscal y financiera que se opone derechamente a los intereses del grueso de los votantes y aun al de los industriales.
La explicación, huelga decirlo, es que la planificación económica no la hacen hoy en día los representantes surgidos de las elecciones. La autoridad planificadora ha sido abandonada en manos de los bancos centrales “independientes”, quienes, a su vez, actúan como lobistas de bancos comerciales que venden su producto: deuda. Desde el punto de vista de los bancos centrales, el “problema económico” es cómo mantener solventes a los bancos comerciales y a otras entidades financieras en una economía pos-burbuja; cómo pueden éstos cobrar deudas, el volumen de las cuales está harto más allá de la capacidad de pago de muchas gentes de a pié en un ambiente de mora e impago crecientes.
Y la respuesta es que los acreedores sólo pueden cobrar a costa de la economía. El excedente económico subsistente tiene que ir para ellos, no para la inversión de capital, no para la contratación laboral, no para el gasto social.
Tal es el problema de la óptica financiera. Es miope y cortoplacista: es predatoria. Ante la disyuntiva de intervenir los bancos para promover la economía, o destruir la economía para beneficiar a los bancos, los bancos siempre optarán por la primera alternativa. Y lo mismo los políticos subvencionados por los bancos.
Los gobiernos precisan de sumas gigantescas para rescatar a los bancos de sus malos préstamos. Pero no pueden seguir tomando prestado a causa de las presiones sobre la deuda pública. De manera que las pérdidas derivadas de las malas deudas tienen que cargarse a los trabajadores y a la industria. La coartada narrativa es que los rescates públicos permitirán a los bancos volver a prestar de nuevo y reinflar el préstamo piramidal à la Ponzi de la economía de la burbuja. Pero el volumen de la quiebra técnica es demasiado grande, y no hay paso franco alguno que permita el tránsito a reinflar la burbuja. Las economías están todas anegadas de deuda. Las rentas de los bienes raíces, los flujos de caja de las empresas y el poder público recaudatorio del fisco ya no pueden soportar ulteriores empréstitos, no importa cuánta riqueza transfieran los gobiernos a los bancos. Los precios de los activos se han desplomado hasta el territorio de la quiebra técnica. La deflación por deuda ha retraído los mercados, los beneficios empresariales y los flujos de caja. La dinámica del “milagro del interés compuesto” ha culminado en quiebras y concursos de acreedores que reflejan la incapacidad en que se hallan los deudores de sostener el crecimiento exponencial de las cargas financieras requeridas por la “solvencia financiera”.
Si el sector financiero sólo puede ser rescatado recortando el gasto social en Seguridad Social, atención sanitaria y educación y avilantándose a más ventas privatizadoras, la gran pregunta es: ¿vale la pena? Sacrificar de este modo a la economía violaría los valores sociales de equidad y justicia de la mayoría de la gente, los valores profundamente arraigados en la filosofía de la Ilustración.
Este es el problema político. ¿Cómo pueden persuadir los banqueros a los votantes para que aprueben eso en un sistema democrático? Es necesario orquestar y manipular sus percepciones. Su miseria ha de pintarse con los colores de lo deseable, como un paso ineludible hacia la prosperidad venidera.
Medio siglo de planes de austeridad fracasados impuestos por el FMI a desdichados países deudores del Tercer Mundo deberían haber destruido para siempre la idea de que la austeridad es la vía a la prosperidad. Una generación cuyo currículo académico ha sido purgado a conciencia ha borrado prácticamente todo vestigio de que hubo en otro tiempo una filosofía económica alternativa a esta teoría contrailustrada, patrocinada por los rentistas. La teoría clásica del valor y de los precios reflejaba la teoría de la propiedad fundada en el trabajo de John Locke. La riqueza de una persona debería ser lo que esa persona creara merced a su propio trabajo y a su propia industria, no merced a apuestas financieras basadas en información obtenida desde dentro o merced a privilegios especiales.
Por eso digo que Europa se nos muere. Si no cambia su trayectoria, la Unión Europea sucumbirá a un golpe de estado financiero que habrá de llevarse por delante los tres últimos siglos de filosofía social de ascendencia ilustrada. La cuestión es si disolver la Unión es la única manera de recuperar sus ideales democrático-sociales y emanciparse de los bancos que han tomado el control de sus órganos de planificación central.
(Nota 1) Michael Hudson trabajó como economista en Wall Street y actualmente es Distinguished Professor en la University of Misoury, Kansas City, y presidente del Institute for the Study of Long-Term Economic Trends (ISLET). Es autor de varios libros, entre los que destacan: Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire (nueva ed., Pluto Press, 2003) y Trade, Development and Foreign Debt: How Trade and Development Concentrate Economic Power in the Hands of Dominant Nations (ISLET, 2009). Publicado como “El golpe de Estado financiero contra el Estado Democrático y Social de Derecho en Europa: la distopía de la “Nueva Austeridad”, Michel Hudson, SP, Madrid.
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